San Ignacio: BIM 111 - Ejército Peruano, se resiste a reconocer y abandonar propiedad municipal de la Villa Militar.

Terrenos revirtieron por falta de uso

Ejercito intentaba construir centro COVID de forma ilegal.

El cuartel del ejército peruano (BIM) 111, acantonado en San Ignacio, de manera informal pretendía realizar trabajos de construcción civil en terrenos de esta municipalidad provincial, los mismos que por ley fueron revertidos al dominio municipal por haber culminado las razones para las cuales fueron cedidos el año 1960.

La información señala que hace 60 años en 1960, en tiempos de guerra contra el hermano país del Ecuador, el concejo provincial de ese entonces, cedió vía Cesión de Uso al ejército peruano, un área de terreno en el sector Santiago de esta ciudad, para fines de uso militar.

Sin embargo, jamás cumplieron con la función de la sesión de uso permaneciendo abandonados hasta la fecha, habiendo sido hasta invadidos por parte la población para objetivos de vivienda.

Ante ello, la gestión anterior 2015 -2018, realizó todas las gestiones administrativas y legales, logrando revertir gran parte de esta propiedad a los bienes municipales, tomando posesión física desde el año pasado.

La parte restante, en el presente año, la corporación edil realizó las mismas gestiones anteriores y después de haber cumplido con todos los tramites de Ley, y habiéndose hecho las notificaciones correspondientes hacia la parte hoy litigante, dio por terminado el trámite administrativo a falta de oposición y respuesta de los señores del Ejercito.

Sin embargo, según la información, algunos licenciados del ejército agrupados en un comité, pretenden construir un supuesto centro COVID para la atención de los soldados que en el futuro, puedan contagiarse con coronavirus.

La acción no se justifica porque el terreno no es su propiedad, no tienen licencia de construcción y no tienen la opinión del sector salud, que defina las características técnicas que requieren esta clase de infraestructuras.

En resumen, habrían usurpado la propiedad municipal, hecho que el fiscal de turno que concurrió hasta el lugar, obligó a detener cualquier trabajo en los terrenos en litigio hasta que el poder judicial, defina a quien le corresponde la propiedad.

La pregunta es, ¿Cuántos años durará el proceso judicial? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar los sanignacinos para poder darle un uso de provecho a esos terrenos que le pertenecen al pueblo? Y ¿Cuánto le va a costar a los sanignacinos la defensa de estos terrenos? Es muy lamentable la actitud adoptada por parte del BIM 111.

Creditos: San Ignacio Noticias